- El verdadero problema de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias no es la regulación. Es el conflicto de interés que hace ocupar al gobierno, dos posiciones incompatibles al mismo tiempo.
Por Carlos Sedano
Los gobiernos rara vez empiezan cerrando periódicos o apagando estaciones de radio. Las democracias contemporáneas funcionan de otra manera. El poder suele presentarse como protector de los ciudadanos, defensor de la verdad o garante de una mejor información. Precisamente por eso los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias merecen una discusión mucho más profunda de la que hasta ahora hemos tenido.
Nadie debería oponerse a que los medios distingan entre información y opinión, identifiquen claramente la publicidad, cuenten con defensorías de las audiencias o corrijan errores cuando los cometen. Todo eso fortalece la calidad del debate público. El problema comienza cuando la autoridad deja de garantizar reglas generales y adquiere la posibilidad de intervenir sobre los contenidos.
La pregunta entonces deja de ser jurídica y se convierte en un problema de poder: ¿quién decidirá qué información merece una sanción?
Pensemos en un partido de futbol. Todos aceptamos que exista un árbitro porque confiamos en que aplicará el reglamento con independencia. Pero imaginemos algo distinto: que uno de los equipos pudiera escribir las reglas durante el partido o decidir qué jugadas revisará el VAR y cuáles no. El encuentro seguiría llamándose futbol, pero habría perdido aquello que lo hace justo.
Ahora pensemos en una auditoría. La confianza no depende únicamente de la capacidad técnica del auditor. Depende, sobre todo, de su independencia. Si el director de una empresa pudiera decidir qué documentos revisará el auditor y cuáles no, probablemente la auditoría seguiría existiendo. Lo que desaparecería sería exactamente aquello que le daba credibilidad: su autonomía.
O imaginemos un juicio. Nadie aceptaría que un juez resolviera un caso en el que él mismo es una de las partes. No importa que sea una persona honesta. El simple conflicto de interés basta para poner en duda la imparcialidad de cualquier decisión.
Con el periodismo ocurre exactamente lo mismo. El poder nunca debería convertirse en juez de quienes tienen la responsabilidad de vigilarlo. No importa qué partido gobierne. Un conflicto de interés aparece cuando una persona o una institución tiene el deber de actuar con imparcialidad, pero al mismo tiempo tiene intereses propios que pueden influir, o hacer parecer que influyen, en sus decisiones.
Ésta es la verdadera razón por la que los nuevos lineamientos generan preocupación. No porque los medios sean perfectos ni porque los periodistas deban quedar exentos de responsabilidades. La inquietud surge porque basta observar qué ha investigado el periodismo mexicano durante los últimos años para entender por qué resulta tan delicado que el propio gobierno adquiera nuevas facultades para intervenir sobre los contenidos informativos.
Las investigaciones más relevantes se han concentrado precisamente en los asuntos más incómodos para el poder: Segalmex; la Casa Gris y otros posibles conflictos de interés; los sobrecostos y la opacidad de las grandes obras públicas; la militarización de funciones civiles; la desaparición de organismos autónomos; la reforma judicial; las denuncias sobre inequidad en procesos electorales; los señalamientos sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales; la crisis de desapariciones; Ayotzinapa; las madres buscadoras; el manejo de la pandemia y del sistema de salud; la distribución de la publicidad oficial; el espionaje a periodistas; la exhibición de datos personales de comunicadores críticos; la violencia contra la prensa y la impunidad que la acompaña.
No importa que algunas de esas investigaciones hayan sido confirmadas, otras permanezcan abiertas y otras hayan sido rechazadas por el gobierno. Ésa nunca ha sido la función del periodismo. La prensa no dicta sentencias. Investiga, documenta, contrasta versiones y formula las preguntas que el poder preferiría no responder. Los jueces determinan responsabilidades; los periodistas hacen visibles los hechos que merecen ser conocidos por la sociedad.
Por eso resulta, cuando menos, paradójico que el actor político que ha sido objeto de buena parte de esas investigaciones pueda adquirir facultades para intervenir sobre quienes realizan ese escrutinio. Ningún árbitro debería escribir el reglamento mientras juega el partido. Ningún auditor debería depender del auditado. Ningún juez debería resolver un caso en el que él mismo es parte. Por la misma razón, ningún gobierno debería convertirse en la autoridad que decide qué investigaciones son aceptables y cuáles pueden dar lugar a sanciones.
El riesgo tampoco consiste necesariamente en cerrar periódicos o cancelar programas de radio. Las democracias modernas rara vez funcionan así. La censura más eficaz suele ser mucho más silenciosa. Basta con que un periodista, antes de publicar una investigación sobre corrupción, crimen organizado, contratos públicos o abuso de poder, se detenga unos segundos a pensar si esa nota puede traerle un procedimiento administrativo, una multa o un conflicto con la autoridad. Cuando el miedo entra en una sala de redacción, la censura ya hizo su trabajo sin necesidad de prohibir una sola palabra.
Por eso ésta no es una discusión sobre periodistas ni sobre un gobierno en particular. Es una discusión sobre el límite que toda democracia debe imponer al poder. Los gobiernos cambian; las facultades que se les conceden permanecen. Si hoy aceptamos que el poder decida qué investigaciones son aceptables, mañana cualquier gobierno podrá hacer exactamente lo mismo.
La libertad de prensa nunca existió para proteger a los medios. Existe para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer aquello que el poder preferiría mantener oculto. Cuando un gobierno puede influir sobre quienes lo investigan, el problema deja de ser la prensa. El problema empieza a ser la calidad de la democracia.
Las democracias no comienzan a perderse cuando desaparecen los periódicos. Comienzan a perderse cuando los periodistas aprenden qué preguntas es mejor no hacer y qué investigaciones es más seguro no publicar. Ese día ya no habrá triunfado un gobierno. Habrá perdido la sociedad.
